Comunidad desprotegida por el Estado, desde Una región invisibilizada.

En la invasión española, las comunidades indígenas fueron desalojadas de sus tierras y sus pertenencias. Los pueblos originarios no fueron dominados hasta que se les despojó de su último recurso: La tierra. 492 años después, la historia se repite, este es un país donde sobrevive el más fuerte. Es evidente el total abandono del Estado de Guatemala a las comunidades aledañas y cercanas a las áreas protegidas, especialmente las comunidades que están cercanas a la Sierra Lacandón y Laguna del Tigre del departamento de Petén, tratando de favorecer siempre a la oligarquía nacional que sigue saqueando sus recursos naturales, minerales e hídricos para favorecer a una minoría, miembros de la más corrupta fuerza explotadora y burguesa.
La mayoría de comunidades de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón fueron desplazadas por políticas Estatales de colonización, las familias han emigrado a Petén por varias razones: La falta de acceso a la tierra en sus lugares de origen debido a la injusta distribución de los recursos, falta de acceso a la tierra, la pobreza y el conflicto armado interno que tantas secuelas ha dejado en el contexto histórico del país.

CENTRO UNO:
Centro Uno es una comunidad desalojada en 2009, y hasta la fecha las familias viven en las calles a orillas de la Comunidad Retalteco, Las Cruces, Petén. Esta comunidad se encontraba ubicada dentro de la Zona Núcleo de la Sierra del Lacandón. En 1981 estaba catalogada por CONAP como “Asentamiento”. Desde el momento en que se ubicaron en el área, tenían que estar saliendo y regresando a la comunidad por el temor imperante durante el período del Conflicto Armado Interno.
Por un tiempo se instalaron en Retalteco y cuando fue la firma de la Los Acuerdos de Paz en 1996 regresaron. En ese entonces estaban legalizando la tierra. Cuando estas familias de Centro Uno fueron a realizar los trámites para que les legalizaran el polígono, se encontraron con que estaban en un Parque Nacional y esa era Área Protegida según CONAP, ante esta situación imperante es evidente la falta de ordenamiento territorial que hasta la fecha está en disputa en éste país.
Después de casi siete años, la comunidad Centro Uno aún no ha sido reubicada:
Las familias de Centro Uno son provenientes de distintos departamentos de Guatemala. Vinieron en busca de tierras, un lugar para vivir y cultivar sus productos básicos para la sobrevivencia de su familia.

En la comunidad Centro Uno, al momento del desalojo, había alrededor de 164 familias que se quedaron en la calle, rentando vivienda en la Comunidad Retalteco, este es el testimonio de Maximiliano Huits quien es padre de familia de 2 niñas: “El ejército llegó a desalojar todo, solo dieron como media hora de desocupación de cada casa, de cada familia ya algunas que no pudieron desocupar sus viviendas perdieron todo, ahora que vivimos en las calles de Retalteco tenemos que comprar todo, pagamos alquiler de casa y arrendamiento de tierra donde cultivar, siempre nos alquilan las tierras que ya casi no producen, nos encontramos abandonados, sin esperanza de tener una vida digna”. Entre otros aspectos también refirió que aún hay muchas familias que duermen en el suelo, en condiciones precarias, sus casas están cercada del Nylon color negro, varitas de árboles, hojas de corozo etc.
La situación de las mujeres es deplorable, carecen de una escuela para la educación de sus hijos, servicios de Salud y mala alimentación; los niños presentan cuadros de desnutrición y padecen enfermedades de la piel. Muchas familias tienen que viajar hasta la comunidad Retalteco para conseguir agua y algunos alimentos. “aquí estamos en la calle, alquilando casa y terreno donde cultivar, vivimos en la calle, porque cuando la gente quiere nos saca a la calle y nos tenemos que ir porque no es propio” indicó Juan Choc, quien además comentó que cuando vivían en la comunidad de donde fueron desalojados, ésta ya estaba superada debido a que tenían servicios básicos y escuela de educación primaria.
Actualmente, las familias buscan ayuda con las autoridades gubernamentales para que les proporcionen una respuesta de reubicación pero todo ha sido en vano. A la comunidad han llegado muchos personajes en tiempos de campaña política, incluso alcaldes prometiendo mejoras para las familias, pero hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta favorable.
LA PROPUESTA de comunidades:
El 28 de septiembre pasado representantes de aproximadamente 59 comunidades de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón han presentado una propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible con la finalidad de garantizar una permanencia perpetua y la seguridad de la tierra, la cual se presentó ante instancias del Estado, donde estuvo presente el diputado Leocadio Juracán y Julian Tesucún, organizaciones sociales y comunitarias e instancias dedicadas a la conservación de las áreas protegidas.
La solicitud está ligada a obtener certeza jurídica de la tierra y que el Estado les garantice adjudicación y títulos de propiedad colectiva, pues bajo el acuerdo de permanencia exigen seguridad para vivir en las áreas donde han sido desalojados, y que cese las amenazas de desalojos y violación a los derechos humanos, de ésta forma proteger los recursos naturales del departamento de Petén, puesto que el Estado de Guatemala en ocasiones anteriores ha declarado que la situación del medio ambiente y los recursos naturales ha alcanzado niveles críticos de deterioro y es interés de la nación la conservación y reforestación de áreas en protección. Por esa razón, las comunidades exigen que el Estado deba cambiar su política de conservación y que incluya a las comunidades con una visión de desarrollo integral compatible con el medio ambiente, puesto que en ocasiones anteriores han realizado prácticas de reforestación que promueven la conservación de los recursos naturales y la tierra.
Entre otros aspectos piden que los puestos de control no veden el derecho a la libre locomoción, que se promueva la disminución de la militarización en ésas áreas porque perjudica la integridad de las adolescentes e intimidación de las personas.
Se espera que el Estado tome en serio esta propuesta técnica y apegada al marco legal y político del Estado y que asuma su papel protector al resolver de forma transparente el planteamiento concreto que las comunidades le han presentado.