COMUNIDADES CAMPESINAS DE PETÉN, EXIGEN REFORMAS A LA LEY DE ÁREAS PROTEGIDAS
Octubre del 2022, Santa Elena, Flores, Petén.
Los días 20 y 21 de octubre del año 2022, comunidades campesinas realizaron marcha pacifica en el área central de Santa Elena Petén, entre las demandas principales fueron la exigencia y respeto a sus derechos humanos, pero sobre todo que finalicen los desalojos forzados y violentos en sus comunidades, además que el Estado reforme la ley de áreas protegidas.
La actividad dio inicio a las 9 de la mañana, frente al Ministerio de Medio Ambiente, el día 20 de octubre, fecha en que se conmemora el Día de la Revolución en Guatemala, asistieron un aproximado de mil personas provenientes de las comunidades ubicadas en Laguna del Tigre y Sierra de Lacandon.
Con pancartas, consignas y mensajes de denuncia, exigieron que el Estado ponga fin a las violaciones de derechos humanos en éstas áreas, que no exista más persecusión política y que se les permita proteger los recursos naturales, por medio de un convenio de permanencia, como propuesta alternativa que las comunidad han enviado al Estado de Guatemala desde el año 2016, sin embargo a los comunitarios se les sigue persiguiendo y desalojando.
Posteriormente los manifestantes se encaminaron hacia el aéreo puerto Mundo Maya donde dirigieron mensajes y discursos sobre le importancia de cuidar y proteger la tierra, “las comunidades viven ahí desde antes que existiera la ley de áreas protegidas y cuando hicieron esa ley no nos tomaron en cuenta” fueron las palabras de uno de los participantes que gritaban en coro que se reforme la ley de áreas protegidas, horas más tarde, se dirigieron a la Isla de Floren, frente a gobernación departamental, donde realizaron actividades varias; y el día 21 presentaron conferencia de prensa con medios locales de comunicación, para dar a conocer la propuesta de las comunidades afectadas por la Ley de Áreas protegidas, en versión de uno de los manifestantes; indicó que ellos son afectados porque el gobierno militariza las áreas, imponiendo miedo en los habitantes, en los últimos meses personeros del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- y otras instituciones Estatales, con bombas y explosivos fueron a destruir los caminos, que ellos utilizar para asistir a sus cultivos y viviendas, denunciaron.
Las comunidades que habitan las áreas protegidas, viven con amenazas constantes de desalojos forzados y violentos, son personas que han emigrado de otros departamentos en busca de tierra para cultivas y sostener a sus familias, en los últimos años han existido desalojos de comunidades, si embargo el gobierno de turno no tiene ninguna propuesta de reubicación, “hay varias comunidades que han sido desalojadas y aún no han sido reubicadas, está el caso de Laguna Larga, desde el 2017 fueron desalojadas y después de cinco años, las personas desalojadas aún están en la línea fronteriza entre Guatemala y México sin ninguna garantía de reubicación, es el caso de la comunidad Centro Uno, Centro Campesino, Pollo Solo, entre otras muchas comunidades que el Estado ha desalojado, las familias han quedado en condiciones precarias, a causa de estos desalojos forzados que destruye el futuro de la niñez y población campesina en este país” comentó uno de los manifestantes, quién además indicó que el Estado le brinda prórrogas y concesiones petroleras por muchos años a las empresas extractivistas, como es el caso de la Perenco en Petén,“porqué ellos sí pueden estar en esas áreas y nosotros no” refirió un campesino en la actividad.
COMUNICADO
Comunidades multiculturales de Laguna del tigre y Sierra del Lacandón, Petén. Y el Movimiento de Organizaciones Sociales y Campesinas e indígenas de Petén:
Al Estado de Guatemala, A la opinión pública, nacional e internacional, hacemos saber:
Las comunidades de Laguna del Tigre y Sierra Lacandón, son comunidades multiculturales, que habitan Laguna del Tigre y Sierra Lacandón por más de 50 años, tierras que han colonizado con sudor y sangre, aquí han muerto familiares, han nacido hijos y se han arraigado.
33 años llevan sufriendo vejámenes, violaciones a los derechos humanos, engaños, abandonados totalmente, desalojos a más de 6 comunidades, captura de campesinos, quema de casas y cultivos, asesinato de campesinos. ¡¡Hoy dicen, basta ya!!
Durante todos estos años, por todos los medios, las comunidades, han buscado el diálogo, para encontrar una solución de fondo a la realidad, y en 2016, se presentó la “Propuesta de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comunidades afectadas por la ley de áreas protegidas” con la finalidad de dialogar con las instituciones y discutir la problemática y encaminarse a buscar una solución de fondo, pero CONAP se ha negado a firmar un acuerdo marco, argumentando que de hacerlo sería inconstitucional, es decir ha cerrado la puerta.
En el mundo, hay legislación en países y tratados internacionales que reconocen que cuando se coordinan políticas públicas de conservación auto sostenible y ambiente sano, con las comunidades locales y población indígena, los resultados de protección, mejoramiento y sostenibilidad de los recursos naturales son más eficaces. Por poner un ejemplo, la Declaración de río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en su PRINCIPIO 22, indica: Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible.
“Por otra parte, existe un amplio reconocimiento en el derecho internacional sobre la relación interdependiente entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Dicha interrelación se ha afirmado desde la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (…), donde se estableció que “[e]l desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida, afirmándose la necesidad de balancear el desarrollo con la protección del medio humano”.Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23, Párr. 52. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Estado, lejos de buscar soluciones, ha utilizado el derecho penal para judicializar y reprimir a las comunidades, considerándolos como criminales, lo cual es un error, ya que esta realidad requiere de políticas públicas que permitan un desarrollo integral y sostenible de las familias, con base en legislación internacional de la cual Guatemala es parte, nos deben tomar como aliados en la conservación; además, si a las empresas petroleras les crean leyes para explotar el petróleo, pese a operar en áreas núcleo, entonces, a las comunidades también nos deben permitir vivir dignamente y con seguridad.
Peticiones
Que se detenga la criminalización, violaciones a derechos humanos, así como hechos que atentan contra la vida, la dignidad humana e igualdad.
Que por igualdad y dignidad, se reforme la ley de áreas protegidas que restringe la permanencia de comunidades en áreas núcleos de Laguna del Tigre y Sierra Lacandón. Garantizando seguridad de permanencia de las comunidades, una vida digna, desarrollo integral y sostenible en hermandad con la madre naturaleza.
Por la tierra, la dignidad e igualdad
Petén, 20 de octubre de 2022
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