Comunidades de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandon, rechazan dictamen desfavorable sobre iniciativa de ley

Santa Elena, Petén, septiembre del 2024. 

El día lunes 02 de septiembre del año 2024, comunitarios de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandon realizaron conferencia de prensa para dar a conocer el dictamen de la iniciativa 6358, presentada por dichas comunidades.

El congreso de la república de Guatemala dictaminó de manera desfavorable la iniciativa de ley 6358. Ley que busca que las comunidades participen en la protección ambiental de las denominadas áreas protegidas.

La actividad se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala con la presencia de representantes del Bufete Jurídico para Derechos Humanos -BDH-, Comité Campesino del Altiplano -CCDA- en acompañamiento de organizaciones sociales, campesinos y comunitarios.

En Laguna del Tigre y Sierra de Lacandon existe al rededor de 53 comunidades, con un aproximado de 60 mil habitantes, quiénes piden al Estado de Guatemala, conceder el derecho de vivir en esas áreas y que persista el respeto a sus derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, donde ellos puedan realizar sus proyectos de vida sin amenazas de desalojos, contribuyan en el cuidado y protección del medio ambiente.

Según Rubén Domingo, abogado del bufete jurídico Derechos Humanos, indicó que han presentado un comunicado haciendo referencia a la propuesta de reforma a los decretos 489 y 5-90 del Congreso de la República para que las comunidades que están asentadas en los territorios de la Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón sean reconocidas en su manifestación jurídica que corresponde al derecho, porque durante décadas los pueblos han sufrido el despojo histórico, en este caso, antes, durante y después de la aprobación de ley de áreas protegidas, en el territorio del Petén, las comunidades que ya habitaban en esas áreas no fueron consultadas, estando en todo se derecho de participar en una consulta previa, libre e informada, toda vez que son comunidades indígenas, campesinas, multiculturales que se encuentran asentados en esos territorios bajo los principios de que la tenencia y uso de la tierra es un derecho de los guatemaltecos y guatemaltecas y de acuerdo a la legislación agraria derivado de los acuerdos de paz.

En el año 1995, con la declaratoria de la ley de áreas protegidas, viarias comunidades ya habitaban ésas áreas y no fueron consultadas ni tomados en cuenta. Según Noé Amador, delegado de las comunidades, ha indicado que desde hace más de 20 años, ellos han llevado el seguimiento al proceso, de la lucha por la tierra y en la búsqueda de una solución viable a esas problemáticas con las comunidades. “Se ha intentado a través del diálogo, en el acercamiento con las instituciones, hemos presentado documentos y peticiones para proponer una solución, en vista de que hemos sufrido amenazas de desalojos, persecución y criminalización, pero hasta el momento no hemos sido escuchados y nuestras peticiones no son atendidas” indicó, Amador.

En el año 2016 como parte de las acciones, se presentó la Propuesta Alternativa a Desarrollo Integral y Sostenible de las Comunidades con la finalidad de buscar una solución a la problemática de la tierra, en ese entonces se establecieron mesas de diálogo que las instituciones incumplieron, especialmente el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, quién argumentó que no pueden resolver este problema, porque la ley no permite la presencia de comunidades dentro de las áreas protegidas y en ese sentido prácticamente cerraron la puerta del diálogo, a una solución técnica desde las instituciones del Ejecutivo y del Estado de Guatemala.

Mientras ellos han estado en diversas acciones de negociación y diálogos, han sufrido al menos nueve desalojos forzados y violentos, ente ellos está el desalojo de la comunidad Centro Uno, Pollo Solo, Centro Campesino, Nueva Esperanza, Bergelito y Laguna Larga, este último fue desalojada en el año 2017, hasta el momento ninguna de las comunidades desalojadas ha sido reubicado, el gobierno no brinda ninguna solución viable, las personas viven en condiciones precarias y han enfrentado muertes y diversas enfermedades a consecuencia del desalojo. 

En la versión de uno de los comunitarios, indicó que la intención de vivir en esas áreas es contribuir a la protección ambiental, de acuerdo a sus conocimientos ancestrales, una forma de trabajar la tierra de manera amigable con el medio ambiente, ellos se dedican a la agricultura de maíz, frijol, pepitoria, manía, entre otros alimentos de consumo para sus familias, “El Estado nos prohíbe a las comunidades de vivir en las áreas, pero han prorrogado contratos petroleros y permiten extracción de minerales, las denominadas “áreas protegidas”, protegidas para quién, es mi pregunta porque las empresas petroleras si tiene sus instalaciones y extraen grandes cantidades de crudo de petroleo, destrozan los recursos naturales, contaminan y a ellos no les dicen nada”, afirmo unos de los comunitarios.

Con el dictamen desfavorable demuestran el poco interés que tienen tantos las instituciones como el Estado en apoyar la población mas desprotegida condenándoles a seguir viviendo en condiciones inhumanas, con incertidumbre y amenazas de desalojos, violentando el derecho a la libre determinación. 

Lea también el comunicado:

Presentado por las comunidades de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandon:

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